Según Germán Bidart
Campos la locución "Per saltum o by pass, "alude a un salto en las
instancias procesales y se aplica a la hipótesis en que la Corte Suprema toma
conocimiento de una causa judicial radicada ante tribunales inferiores,
saltando una o más instancias. Se deja de recorrer una o más de ellas, y por
salto desde una inferior la causa entra a la competencia de la Corte,
omitiéndose una o más intermedias".
En nuestro ordenamiento la Corte tiene
dos formas de entender en las causas, por competencia originaria o por
apelación. La división de la jurisdicción en apelada y originaria que surge del
artículo 117 de la Constitución Nacional al señalar que en los casos de
jurisdicción federal (que son los enumerados en el artículo 116) "la Corte
Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones
que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a
embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia
fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente".
La Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso "Penjerek" (Fallos 257:134) ha dicho que resultan
casos que presentan gravedad institucional aquellos que "superan los
intereses de los partícipes de la causa, de tal modo que ella conmueve a la
comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos".
Como antecedente inmediato de
reglamentación, encontramos el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación -derogado por ley 25.587- en virtud de la introducción
realizada por el Decreto 1387/01 (de necesidad y urgencia del 1° de noviembre
de 2001), y la modificación realizada posteriormente por el artículo 18 de la
ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (5 de enero
de 2002).
El decreto en cuestión se
circunscribía a las medidas cautelares que "en forma directa o indirecta
afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de
actividades esenciales de entidades estatales", en cuyos supuestos
permitía "ocurrir directamente" ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación a los fines de que la misma interviniera en la causa.
Siguiendo a la
Corte Suprema: "... como
principio general... la gravedad o interés institucional existe cuando lo
resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la
colectividad (...), vulnera el principio constitucional básico y la conciencia
de la comunidad (...) o puede resultar frustratorio de derechos de naturaleza
federal con perturbación de la prestación de servicios públicos" (Morello
Augusto M.: "Los Recursos Extraordinarios y la eficacia del proceso",
Hammurabi, 1987 - T.III, Pág. 952).
Lo
que define entonces la existencia de gravedad institucional es que "el
interés supere al de las partes; que se proyecte sobre el general o público (la
buena marcha de las instituciones, la tutela del crédito fiscal, la
subsistencia de regímenes previsionales, etc.) o de envergadura social y
económica. Que tengan resonancia, y no que el eco quede aprisionado entre las
paredes que amurallan un proceso particular". (Morello Augusto M.,
"Visión funcional del Certiorari en los EE.UU.")
El Poder Ejecutivo presentó la acción de pers saltum a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la constitucionalidad de la ley de Medios, con el
fin de tratar de inmediato la validez de dos artículos de la Ley de Medios,
arts. 45 y 161, que ponen límite a la multiplicidad de licencias y obligan a la
desinversión, respectivamente. Ya que se
mantiene la medida cautelar que suspende su aplicación
para el Grupo Clarín, desnaturalizando la real la función netamente
conservativa de la medida cautelar, convirtiéndose en una excesiva prolongación
del proceso.
Ahora
bien, sin mencionar el abuso del derecho en la utilización descomunal y
perversa de una medida cautelar, con el solo fin de dilatar una escapatoria al
cumplimiento real de una ley sancionada por el Congreso Nacional, esperando
sabe quién, alguna otra estrategia maliciosa, algún amigo de los años `90, o
una gran noticia falaz que produzca un temblor en este cambio de paradigma en
el que se transformo la Argentina. Un Modelo Nacional y Popular, que funciona
como veneno para las aves de rapiña, que se alimentaban de la falta de cultura,
la necesidad social, el manejo de la opinión pública. La Ley de Medios no hace
otra cosa, que ponerle fin a estas maniobras invisibles hasta no hace mucho
tiempo. Cabe recordar, más que pese al Grupo Clarín, una medida cautelar
concedida, que suspenda un articulo, en un caso particular, no hace a la
inconstitucionalidad de una ley.
Retomemos el Per Saltum, En la
última acordada del año, los jueces de la Corte Suprema de Justicia declararon "inadmisible",
–con los votos en disidencia de Eugenio Zaffaroni y de Carmen Argibay, por
distintos motivos– y rechazaron el recurso de per saltum interpuesto por el
Estado para dirimir la constitucionalidad de la Ley de Medios, ya que
sostuvieron que el pedido no estaba encuadrado en lo dispuesto por el artículo
257 bis que contempla la reglamentación del salto de instancia, y en otro
fallo, confirmaron la vigencia de la prórroga de la medida cautelar dictada por
la Cámara Civil y Comercial el 6 de diciembre, que beneficia, al Grupo Clarín
con una nueva suspensión de la norma, hasta que se expida la Sala I de la
Cámara sobre la cuestión de fondo, que es la adecuación para que el multimedios
desinvierta se encuentra vencido.
Entonces,
tenemos dos noticias, por un lado se prorrogó la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia
definitiva en la causa. Y por otro lado, se trató y se aprobó el proyecto de ley que regula el recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, que establece el recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte en causas de "gravedad institucional" del fuero federal, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria. Y, como conclusión, tomamosa las palabras del compañero Agustín Rossi, que se refirió al tema diciendo: "A través del per saltum le estamos dando a la Corte Suprema de Justicia el suficiente poder para evitar presiones de grupos económicos. Hasta ahora, el único que no cumplió con la ley es el Grupo Clarín, que interpuso diversas medidas judiciales para no cumplirla. Ellos están esperando que pase el período de gobierno kirchnerista y venga otro que tenga una mirada más neutra que la que tenemos nosotros"
A la sazón, por más que a algunos les pese, será Justicia.
